Por Eduardo Ramirez Flores. Semanario Univesidad. Una de cada tres edificaciones incumple las normas antisísmicas, hay insuficientes planes reguladores de las Zonas Marítima-Terrestre (ZMT), uso indebido de los recursos naturales, fuerte explotación de la industria turística en las zonas costeras, agua insuficiente para la demanda, y escaso interés de las municipalidades por controlar el desarrollo constructivo.

Este es el complicado panorama que muestra la provincia de Guanacaste, en donde desde hace tres años el auge del turismo desató un vendaval constructivo, que ya el año pasado igualó -por primera vez en la historia- la cantidad de área edificada en la zona de San José, según estudios recientes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y del Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto (ICCYC).

La llegada de vuelos directos al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber -en Liberia- desde Norteamérica, ha promovido un vertiginoso crecimiento en esta provincia y muchos de los turistas regresaron para quedarse a vivir o invertir, lo cual genera especulación con en el precio de las tierras y el traspaso creciente de estas a mano de extranjeros (véase: "Guanacaste for sale", en UNIVERSIDAD del 1 de febrero).

Dentro de este acelerado impulso inmobiliario, el cantón de Santa Cruz ocupa el primer lugar y sus ingresos por concepto de permisos de construcción han crecido exponencialmente, para pasar de ¢103 millones en el 2004, a ¢241 millones en el 2005 y ¢693 millones en el 2006.

Pero, paralelo a este auge económico, también aumentan las quejas por el desarrollo con escasos controles y planificación, con consecuencias visibles para el entorno ambiental y la calidad de vida de las comunidades. Esto lo pudo comprobar este Semanario, durante una gira reciente de tres días por distintos lugares de Guanacaste.

Toda la región muestra un desaforado proceso constructivo, en el que se quiere aprovechar cualquier espacio, sin importar sus condiciones topográficas, por lo que es común ver el tractoreo de empinadas laderas, cerros y márgenes de cauces.

Alcaldes y otros funcionarios municipales, ambientalistas y habitantes de las comunidades consultados, no descartan que las fuertes inversiones hechas en la provincia puedan generar actos de corrupción en los trámites para obtener permisos constructivos o concesiones de terrenos, así como incumplimiento de las regulaciones.

La mencionada investigación del CFIA y del ICCYC -la cual reveló que un tercio de las edificaciones no cumplen con las normas básicas de calidad estructural-, podría ser apenas la punta de un témpano profundo de irregularidades (véase: "¿Casas de lujo frágiles?") .

A finales de febrero, el CFIA anunciará los resultados de otro estudio acerca de permisos, y cumplimiento de sus responsabilidades de los profesionales a cargo de obras en esa provincia, y es posible que se confirme un incumplimiento mayor de sus responsabilidades en la "Babel" de concreto que se erige en Guanacaste al calor del turismo.

BENEFICIO PARA EXTRANJEROS

Uno de los mayores críticos a la expansión turística -que se da en la otrora tierra de los indígenas chorotegas- es el sacerdote católico Ronal Vargas, recientemente absuelto por un tribunal, tras denunciar el procedimiento irregular mediante el cual unas tierras adjudicadas a campesinos por el Instituto de Desarrollo Agrario, terminaron en manos de una sociedad anónima de la que forman parte el mandatario Óscar Arias y su ministro de la Presidencia y hermano, Rodrigo.

Para Vargas, las municipalidades guanacastecas y otras instancias de gobierno favorecen con sus políticas la compra de terrenos por parte de los extranjeros y la obtención de permisos, para la posterior construcción de viviendas, hoteles y locales comerciales, especialmente en la parte costera de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT).

Durante sus tres años como sacerdote en el cantón de La Cruz, observó cómo "la Municipalidad obviaba los procedimientos mínimos" a la hora de aprobar los permisos de construcción.
La llegada masiva de turistas y nuevos moradores a las tierras guanacastecas le ha metido una presión especial a la Zona Marítima-Terrestre, que es la más apetecida por su cercanía con las playas y porque tienen las mejores vistas hacia el mar.

De los 1.241 kilómetros de costas que tiene Costa Rica en el Océano Pacífico, 460 kilómetros pertenecen a la provincia de Guanacaste. Este hecho le otorga su quizás mayor potencial turístico y también un buen número de problemas en torno a este desarrollo.

Esto lo confirmó la coordinadora de la Unidad Técnica de la ZMT de la Federación de Municipalidades de Guanacaste, Mariela Campos, quien aseguró que las construcciones en zonas públicas son la mayor fuente de problemas.

Dicha instancia tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los municipios para manejar de manera sostenible la ZMT y promover ordenamiento territorial integral. Para ello cuentan con especialistas en informática, geografía, topografía, derecho, e ingeniería civil.

De acuerdo con estudios de esa unidad, "todas las municipalidades analizadas con ZMT cuentan con problemas similares y con las mismas carencias a la hora de gestionar sus propias zonas costeras".

Se agrega que el desarrollo turístico en el litoral Guanacasteco se ha producido de una manera espontánea, sin conceptos de ordenación que reconozcan la singularidad y especificidades del espacio turístico y de su dimensión territorial.

"Teniendo en cuenta experiencias recientes y cercanas -dice un informe-, los gobiernos locales han mostrado escaso interés en poner trabas a un proceso de desarrollo urbanístico generador de tantos ingresos y procesos dinámicos para la economías locales. Los casos más cercanos nos hacen pensar en el desarrollo turístico como generador de desorden y de pérdida de valor territorial".

Para la citada Unidad Técnica, el turismo es importante como un factor de ordenación territorial y de control de procesos, cuando se utiliza de manera conveniente y se identifican los enfoques y modalidades de turismo que más convienen.

IMPACTO AL AMBIENTE

José Lara, nativo de playa Panamá, es empleado del hotel Vista del Pacífico, ubicado en uno de los cerros cercanos a la mencionada playa. Él no ve mal el desarrollo a partir del turismo, siempre que quienes están a cargo de las instancias estatales vigilen por el respeto de las normativas de todo tipo, algo que en su opinión no se está cumpliendo.

En este sentido, Lara lamentó que no se controla la deforestación a la hora de permitir tantas construcciones para viviendas y comercio en las zonas costeras. "Al talar estamos destruyendo nuestro ambiente y en menos de cinco años habrá peligro con el abastecimiento de agua", acotó.
Mientras tanto, Gadi Amit -vicepresidente del grupo ambientalista Asociación Confraternidad Guanacasteca- criticó el desorden y falta de planificación de la franja costera, así como la corrupción que parece darse en torno a los permisos de obras en el sitio desde hace unos tres años.

Amit cuestionó las eventuales soluciones que se plantean para hacerle frente a los requerimientos que demandan las nuevas obras urbanísticas, como el abastecimiento de agua.
En su opinión, traer el agua desde largas distancias -como han sugerido entes gubernamentales- soluciona una carencia en beneficio de unos pocos grandes empresarios, en detrimento de otras comunidades que se quedarán sin agua o con cantidad insuficiente.

"Lo perverso de todo esto, es que ese modelo lo va a pagar el Estado, para que unos cuantos hagan su negocio. En lugar de desarrollar al pueblo, lo que están haciendo es desarrollar los megaproyectos", increpó.

Con el fin de respaldar su afirmación de que se producen irregularidades en la aprobación de permisos de obras y construcciones por parte de las municipalidades, mostró documentos del ayuntamiento de Carrillo, en los cuales se aprecia cómo numerosas personas o empresas no esperan que se los aprueben, y prefieren pagar después las multas.

Maria Elena Paniagua, alcaldesa de Santa Cruz hasta el pasado 2 de febrero, expresó una posición contraria a Amit, al aseverar que las personas y empresas que construyen en la ZMT cumplen con los requisitos exigidos por la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente y otras instancias, al tiempo que descartó actos de corrupción en esa municipalidad. Este cantón posee 94 kilómetros de costa y es el mayor crecimiento en la provincia.

Paniagua sí reconoció los problemas ambientales originados por el crecimiento habitacional de playa Tamarindo y su infraestructura para las aguas negras. Dijo que allí se trata de resolver la situación con plantas de tratamiento, las cuales son obligatorias ahora para cualquier nuevo proyecto.

Rafael es el nombre ficticio de un vecino de playa Flamingo -distrito del cantón de Santa Cruz-, quien prefirió que no se divulgara su nombre. Él refutó lo dicho por la ahora excaldesa Paniagua, al quejarse por obras que se construyen de manera irregular en la ZMT de ese lugar, en las cuales se sustituyen las plantas de tratamiento de aguas negras por tanques sépticos.
Fustigó a la Municipalidad de Santa Cruz por la poca fiscalización que ejerce en el lugar y no desestimó que ocurran actos de corrupción.

Para Rafael, los costos de las propiedades en esta zona y las inversiones que se quieren hacer son tan importantes en términos monetarios, que es muy fácil que se den anomalías para obtener los permisos de construcciones y otras obras.

Por su parte, Fabiola Quesada, abogada y coordinadora del Departamento de ZMT de la Municipalidad de Nicoya, cree que en gran parte del desarrollo alrededor del turismo han imperado intereses económicos particulares, en detrimento de los generales.

"No se ha creado una conciencia en la que deben ir de la mano la economía, el aspecto social y el ambiental. Estos tres ejes tienen que estar unidos siempre. Si no se hace así, no se podrá establecer un desarrollo sostenible a largo plazo", advirtió Quesada.

Por otro lado, Olman Vargas -director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos- se refirió al estudio que elaboró esta entidad en conjunto con el Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto, el cual reveló que un tercio de las edificaciones tienen una calidad deficiente.

Vargas indicó que los datos obtenidos "nos genera una gran preocupación, debido a que se hizo sobre concretos estructurales: cimientos, vigas y columnas". Esos son concretos que eventualmente ante un sismo van a tener un comportamiento muy malo, añadió.

El Director Ejecutivo atribuyó las deficiencias a las prácticas constructivas deficientes, a la poca capacitación de los operarios -factor que está ligado a la alta demanda de personal de construcción- y a la insuficiente inspección de los profesionales.

¿Casas de lujo frágiles?

El concreto utilizado en una muestra de edificaciones en construcción escogidas al azar en la provincia de Guanacaste, en un 29% no cumplió con la norma mínima del Código Sísmico y en el 20% de los casos resultaron "inadmisibles casi para cualquier aplicación".

A esta severa conclusión llegó el estudio que realizó a mediados del año pasado el Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto (ICCYC) y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), en distintas construcciones cercanas al Golfo de Papagayo, como playa El Coco, Panamá y Hermosa .

La investigación -cuyo objetivo central era determinar la calidad del concreto preparado para las obras- abarcó a 24 edificaciones que iban desde los 40 metros cuadrados de construcción, hasta los 1.432 metros. De dichas obras se tomaron muestras del concreto, tanto fresco como endurecido.

De las pruebas hechas por los técnicos en los materiales de construcción, el 29% no reunió la calidad mínima que estipula el Código Sísmico, y un 20% tuvo una resistencia "inadmisible".

Otros factores perjudiciales para lograr un concreto de buena calidad detectado por la investigación fueron: mala dosificación del agua para la mezcla, deficiencias en el almacenamiento y manejo de los materiales, deficiente preparación del terreno, operarios no calificados, materiales contaminados, y para rematar: "pobre supervisión de los profesionales encargados".

En el caso del rubro "Almacenamiento de agregados y cemento", las deficiencias alcanzaron el 44%, lo cual "puede explicar en gran medida, resultados deficientes de la calidad del concreto en las obras".

En otras de las pruebas, se encontró que en el 45% de las ocasiones "los concretos apenas cumplen con el requisito mínimo establecido". Cabe resaltar que el concreto de uno de los edificios analizados de mayor tamaño (640 metros cuadrados de construcción), registró casi la mitad de la resistencia mínima que debía tener.

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